Las recientes redadas migratorias ejecutadas por autoridades estadounidenses han reavivado el temor entre las comunidades latinas, especialmente entre familias de origen mexicano y centroamericano. Lejos de representar una solución efectiva al fenómeno migratorio, estas acciones masivas han derivado en la separación de familias, afectaciones psicológicas profundas y una tensión creciente en los barrios más vulnerables.

El discurso oficial insiste en la necesidad de aplicar la ley, pero en la práctica estas redadas suelen dirigirse a personas sin antecedentes criminales, trabajadores indocumentados y madres o padres con hijos nacidos en Estados Unidos. Los operativos se realizan, en muchos casos, sin las debidas garantías legales, sin notificación previa y con un uso excesivo de la fuerza. La consecuencia más inmediata es la ruptura del tejido social y el aumento de la desconfianza hacia las instituciones.

Desde una perspectiva de política pública, las redadas migratorias representan un retroceso en el enfoque humanitario que algunos sectores habían comenzado a construir. Lejos de abordar las causas estructurales del éxodo —como la pobreza, la violencia o el cambio climático en los países de origen—, se responde con mecanismos de control y castigo que alimentan la xenofobia y la criminalización del migrante.

Para la RIEG, resulta indispensable visibilizar estas prácticas como una crisis de derechos humanos. Los Estados deben actuar conforme al principio de dignidad humana, garantizar el debido proceso y buscar soluciones multilaterales que respeten el derecho a migrar, a no migrar y a vivir sin miedo. Las políticas migratorias deben construirse con base en evidencia, respeto al derecho internacional y, sobre todo, desde una visión profundamente humana.