El derecho humano al buen gobierno o a la buena administración pública es más que un concepto jurídico o una aspiración filosófica; es una exigencia que nace de las sociedades democráticas que buscan transparencia, eficiencia y justicia en el ejercicio del poder. Este derecho, reconocido implícitamente en la Constitución mexicana y explícitamente en otros países, como España, representa un ideal que coloca al ciudadano en el centro de las decisiones públicas y exige a los gobiernos actuar con ética, eficiencia y rendición de cuentas.
En México, el derecho al buen gobierno ha encontrado un terreno fértil en el discurso político, pero su aplicación enfrenta retos monumentales. En términos de avances, se puede destacar la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que buscan garantizar principios fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, su impacto real se ha visto limitado por problemas estructurales, como la captura institucional y la resistencia de algunos sectores políticos.
Uno de los mayores obstáculos para garantizar este derecho es la persistencia de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México sigue ocupando lugares rezagados a nivel global. Esta realidad evidencia que, aunque existen mecanismos legales para prevenir y sancionar prácticas corruptas, la implementación sigue siendo insuficiente. En muchas ocasiones, los marcos normativos son ambiguos, y los procesos de sanción se vuelven herramientas políticas en lugar de ser mecanismos de justicia.
Además, la centralización del poder y la falta de profesionalización del servicio público han mermado la capacidad de las instituciones para operar bajo los principios del buen gobierno. Las decisiones basadas en intereses partidistas o personales, más que en criterios técnicos y objetivos, han debilitado la confianza ciudadana en la administración pública. Ejemplos de esto se pueden observar en las designaciones discrecionales, la opacidad en la asignación de recursos públicos y la falta de seguimiento a los resultados de las políticas públicas.
Otro aspecto crucial es la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar la participación ciudadana en las decisiones públicas. Aunque el marco legal contempla figuras como las consultas populares, estas herramientas a menudo se emplean con fines políticos y no como verdaderos ejercicios de democracia participativa. La falta de inclusión y el desconocimiento de las necesidades locales generan políticas desconectadas de la realidad, aumentando la brecha entre gobierno y ciudadanía.
Sin embargo, no todo es pesimismo. En México se han dado pasos importantes hacia el reconocimiento y fortalecimiento del buen gobierno. Algunas entidades federativas han implementado modelos de gobierno abierto, donde se promueve la colaboración entre gobierno, sociedad civil y academia para garantizar una administración más transparente y eficiente. Además, la presión ciudadana ha jugado un papel fundamental en la exigencia de reformas y en el monitoreo del desempeño gubernamental.
El derecho al buen gobierno no es un privilegio, sino una obligación que todo gobierno debe cumplir para garantizar la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos. En un país como México, donde la desigualdad y la corrupción son desafíos constantes, este derecho se convierte en una herramienta esencial para fortalecer el Estado de Derecho y construir una sociedad más equitativa.
Para avanzar en este camino, es necesario superar las barreras estructurales y culturales que impiden su plena aplicación. Esto implica no solo fortalecer las instituciones, sino también promover un cambio en la cultura política, donde el servicio público sea visto como un compromiso con la ciudadanía y no como una oportunidad para el beneficio personal. México tiene el potencial de convertirse en un referente del buen gobierno en América Latina, pero para lograrlo, es indispensable que este derecho deje de ser un ideal y se traduzca en acciones concretas.
Última actualización: 12/11/2024
